01 diciembre, 2009

SI QUIERO (PERO NO PUEDO) EN BUENOS AIRES....

La pareja 'gay' argentina que pretendía casarse se queda sin boda
Álex Freyre y José María di Bello se abrazan en el registro civil de Buenos Aires tras conocer la suspensión de su boda
REUTERS - 01/12/2009

La justicia impide ahora la primera boda 'gay' prevista en Latinoamérica
SOLEDAD GALLEGO DÍAZ - Buenos Aires - 02/12/2009

La incertidumbre rodeó hasta el último minuto la boda de Álex Freyre y José María di Bello, los dos argentinos, de 39 y 41 años, respectivamente, que tenían cita a las dos de la tarde de ayer en el Registro de Buenos Aires para contraer matrimonio.

La decisión de la juez de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Gabriela Seijas, de autorizar la boda fue rebatida por otra juez de lo civil, que planteó un conflicto de competencias y ordenó que se suspendiera la ceremonia. Tras varias horas de tensión, Álex y José María no pudieron contraer matrimonio: el intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, decidió finalmente acatar la decisión de la Cámara Nacional de lo Civil.
Los novios acudieron al Registro a la hora prevista, rodeados de un centenar de amigos y testigos, entre ellos destacados diputados de la asamblea de la ciudad autónoma, y exigieron que se respetara el fallo inicial. Seijas hizo saber, por su parte, que mantenía su orden a los funcionarios del Registro Civil para que llevaran adelante el matrimonio. En mitad del caos provocado por ese anuncio, y en medio de los vítores y aplausos de los asistentes, Álex y José María apelaron al alcalde la ciudad, Mauricio Macri, para que respetara la autonomía porteña. Llegó la hora de cerrar el Registro y nadie se movió del sitio: ni los novios, ni los invitados, ni los funcionarios.

"Empecemos a dar las señales que hay que dar. Todos somos ciudadanos de primera y tenemos los mismos derechos. No nos iremos de aquí sin estar casados", adelantó Álex Freyre. Tanto Álex como José María son portadores del VIH y querían celebrar su boda precisamente el Día Mundial de la Lucha contra ese virus.
La primera boda homosexual de América Latina se convirtió de repente en un problema de competencias y de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (que dispone de su propia constitución y asamblea parlamentaria). Macri se pronunció inicialmente a favor del matrimonio gay y se negó a recurrir el primer fallo de la juez Seijas, lo que entraba dentro de sus competencias.
La reacción de la jerarquía de la Iglesia católica fue fulminante y rápidamente se movilizaron asociaciones religiosas que buscaron la manera de paralizar la boda. Finalmente, una juez de lo civil emitió un fallo ordenando la suspensión de la decisión de la ciudad de Buenos Aires, por afectar a una ley de ámbito nacional. Los constitucionalistas que intervienen en la polémica no parecieron tampoco ponerse de acuerdo. Para unos, el fallo de Seijas era inapelable. Para otros, nunca debió existir.
María Rachid, presidenta de la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (FGLBT) y abogada de los novios, recordó que el matrimonio homosexual ha sido ya objeto de dos recursos ante la Corte Suprema, y solicitó que los magistrados se pronuncien con rapidez para evitar nuevas polémicas y enfrentamientos. Igualmente, explicó que existe un proyecto de ley de reforma del Código Civil presentado en el Congreso, y lamentó que el debate se encuentre congelado por decisión del partido mayoritario que dirigen los Kirchner.

Las encuestas hechas en Buenos Aires, incluso las realizadas por organismos católicos, indican que más del 70% de la población está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo", aseguró Rachid. Argentina fue el primer país de América Latina, en 2002, en abrir un registro de uniones de personas del mismo sexo, seguida por la Ciudad de México y Uruguay.

Finalmente, a media tarde (noche española), llegó la decisión de Macri, y el procurador de la ciudad informó a Álex y José María que Buenos Aires acataría el fallo de la Cámara Nacional de lo Civil y que la ceremonia no se celebraría. El primer matrimonio homosexual de América Latina tendrá que esperar a que sea la Corte Suprema la que se pronuncie.