Este lunes hubo una marcha de clientes y trabajadores para apoyar a una de esas empresas.Redacción BBC Mundo
Este lunes hubo una marcha de clientes y trabajadores para apoyar a una de esas empresas.
El gobierno de Colombia decretó el lunes el estado de emergencia social para hacer frente a la multimillonaria estafa que empresas informales de captación de ahorros le hicieron a unos tres millones de colombianos, la mayoría de ellos de escasos recursos.
Este lunes hubo una marcha de clientes y trabajadores para apoyar a una de esas empresas.
El gobierno de Colombia decretó el lunes el estado de emergencia social para hacer frente a la multimillonaria estafa que empresas informales de captación de ahorros le hicieron a unos tres millones de colombianos, la mayoría de ellos de escasos recursos.
La medida de emergencia le permite al gobierno del presidente Álvaro Uribe legislar por 30 días sin la necesidad de que el Congreso dé el visto bueno.
La semana pasada miles de personas protagonizaron disturbios en distintas ciudades del país tras perder sus ahorros en esos esquemas tipo pirámide, donde se ofrecían intereses de hasta un 150%.
En este esquema, los primeros clientes generalmente reciben el dinero prometido a cambio de llevar a nuevos usuarios más abajo en la pirámide, que al final pueden terminar estafados pues la empresa ya no es capaz de beneficiar a todos.
"Grave alteración"
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, justificó la decisión del ejecutivo por "la grave alteración del orden social que ha originado la proliferación de distintas modalidades no autorizadas por la ley de captación o recaudo masivo de dineros del público".
La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros para evitar la defraudación
Fabio Valencia, ministro del Interior y Justicia
En total fueron cerradas 59 oficinas de la compañía DMG, cuyo dueño, David Murcia Guzmán, aseguró que demostrará a las autoridades que su negocio es legal.
Incluso trabajadores y clientes de esa empresa realizaron marchas de protesta en Bogotá y ciudades aledañas para apoyarla.
Hasta ahora las autoridades han confiscado unos US$38 millones de dólares en moneda local en distintas operaciones a una sola empresa captadora de ahorros, que han sido depositados en una cuenta especial.
Según el corresponsal de la BBC en Colombia, Jeremy McDermott, la policía ha clausurado locales de la mayoría de los 240 esquemas de pirámide que han encontrado, incluso aquellos que aún se mantienen operativos.
También el gobierno ha prometido decomisar todos los activos que pueda acumular para reintegrar los ahorros perdidos, sobre todo a las familias más pobres.
"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros para evitar la defraudación", dijo el ministro Valencia.
También se han emitido órdenes de captura internacional a los dueños de esas empresas que ya han sido identificados y que huyeron del país.
Hasta ahora el gobierno ha decidido elevar las penas de cárcel para quienes capten dinero de manera ilegal y para aquellos que hayan recaudado ahorros y no los hayan devuelto.
Las penas oscilarán entre 8 y 20 años de prisión.
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