Noticias, * sáb, 23-may 15:44
Por: Redacción DH
Un alto dirigente del partido oficialista reveló este sábado que en el Departamento Nacional de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) descansan 102 expedientes, en los que se involucran a peledeístas en actos reñidos con las leyes, y que las autoridades se niegan a darle curso.
Por: Redacción DH
Un alto dirigente del partido oficialista reveló este sábado que en el Departamento Nacional de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) descansan 102 expedientes, en los que se involucran a peledeístas en actos reñidos con las leyes, y que las autoridades se niegan a darle curso.
La fuente que ofreció la información a DominicanosHoy.com se consideró bochista mil por mil, y en defensa de esa doctrina, aseguró que entre los peledeístas implicados en esos expedientes de corrupción, no existe uno que haya seguido los lineamientos del profesor Juan Bosch.
El dirigente peledeísta disgustado lamentó que el presidente Leonel Fernández proteja a los corruptos de su gobierno, asumiendo una actitud más que pasiva frente a los escándalos que protagonizan sus funcionarios en la administración pública.
Cuando Hotoniel Bonilla llegó al DPCA en abril pasado encontró más de 20 casos de corrupción en proceso, entre los que se incluyen unas 10 denuncias de este año.Informaciones del organismo anticorrupción revelaron que este año han sido apoderados de 10 casos, dentro de los que se encuentran denuncias de irregularidades detectadas en la Lotería Nacional, en la OTTT, en el INDRHI, en el PRA y en dos farmacias del Pueblo pertenecientes a PROMESE.Sin embargo, Bonilla, inmediatamente llegó, eliminó 103 expedientes relativos a denuncias y querellas sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública.
El director de la DPCA justificó la acción, diciendo que la mayoría de los casos no reunían los requisitos para ser calificados como expediente de presunta corrupción, por ser "simples papeles" y otros carecer de argumentos y asidero jurídico."Lo que hemos decidido no eran casos, sino meros números que en muchos casos no existía ni siquiera documentación alguna", explicó. También emitió 15 autos mediante el cual ordenó el archivo de nueve expedientes por falta de fundamento en las acusaciones.
Mientras que mediante los autos 01728 y 01720 ordenó el retiro de la base de datos 84 denuncias y querellas de alegados actos de corrupción en la administración pública, por considerar que están vacíos. Otro caso fue excluido.Informó que los casos eliminados están a disposición de cualquier ciudadano que quiera verificar en qué consistió cada una de las decisiones."Además de eso, es una primera parte, ahora nos abocamos en los próximos días a una segunda parte de esta labor que iniciará a partir del 16 de agosto del 2004 hasta que nosotros asumimos como director", señaló.
Entre los eliminados está uno contra la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la Junta Municipal de Don Juan, el Hospital Ricardo Limardo, de Puerto Plata; la Dirección General de Aduanas y Perfecta Bastardo Torres de Pérez.
Además, cuatro casos en contra de Domingo Tavárez, Víctor Rafael Flores, Pablo Inocencio Santana, Luís Rafael Bisonó y Abraham Valdez, por falta de fundamento.Se recuerdan como actos de corrupción, la reconstrucción del Palacio de Bellas Artes, que supera en 600 millones la inversión de 700 millones que había anunciado el gobierno cuando reinauguró la obra.
Inevitablemente estos escándalos de corrupción hacen recordar otros pasados, como la mafia en la Secretaría de Trabajo, dirigida por la directora de Recursos Humanos de la cartera, Boris Altagracia Vargas Núñez, para gestionar visas a España y Canadá. Al mismo tiempo en que:La encargada de Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), Elsa Josefina Cross Zaiter, que usaba de manera inadecuada el dinero para dietas y viáticos en dólares de su institución.También el apresamiento en el 2005 de Yormán Vásquez, entonces director del Consejo de Desarrollo Fronterizo, quien fue sometido a la justicia por extorsión.Al mismo tiempo, Manuel Antonio Tapia Linares, director general de CORDE, que fue investigado por la Procuraduría General de la República y su caso remitido al DEPRECO, bajo la acusación de soborno millonario para conceder un contrato para la explotación de la mina de sal en Barahona.En la Autoridad Portuaria se detectó un presunto fraude con el fondo de pensiones por RD$25 millones, cuyo expediente también fue remitido al DEPRECO y todavía guarda el sueño eterno.
Fuente: Dominicanoshoy.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario